Primera entrega
Las inundaciones se han convertido en uno de los riesgos más frecuentes y devastadores asociados a eventos naturales, especialmente en contextos urbanizados. Más que una cuestión de lluvias intensas o ríos desbordados, detrás de cada inundación hay pérdida de viviendas, alimentos e incluso vidas humanas, así como decisiones acumuladas sobre cómo ocupamos el territorio, cómo gestionamos el agua y qué lugar le damos a la naturaleza en la planificación del desarrollo.
Las inundaciones son hoy uno de los eventos asociados al agua con mayor impacto social y económico en el mundo. De acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD, 2008), representan una proporción significativa de los desastres registrados globalmente y afectan de manera desproporcionada a poblaciones con mayores niveles de vulnerabilidad.
Si bien los fenómenos naturales han acompañado siempre la historia de la humanidad, lo que transforma un evento en desastre es la exposición de las personas y la fragilidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015), en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030, define el riesgo como el resultado de la interacción entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. No se trata únicamente de la intensidad de la lluvia, sino de dónde se construye, cómo se planifica y qué capacidades institucionales existen para anticipar y responder.
En América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003), en su Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, señala que los mayores costos económicos no siempre provienen del evento hidrometeorológico en sí mismo, sino de la precariedad de la infraestructura urbana, la ocupación de zonas inundables y la ausencia de planificación territorial de largo plazo. La reconstrucción posterior suele implicar inversiones públicas superiores a las que hubiera requerido una gestión preventiva.
A ello se suma el contexto climático global. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en su Sixth Assessment Report (2021–2023), advierte que el aumento de la temperatura global intensifica el ciclo hidrológico, incrementando la probabilidad de precipitaciones extremas en diversas regiones. Los sistemas urbanos enfrentan, por tanto, escenarios de mayor variabilidad e incertidumbre asociados al cambio climático.
Las inundaciones son, pues, eventos naturales y fenómenos socioambientales resultantes de decisiones sobre uso del suelo, protección de cuencas, diseño de drenajes, conservación de humedales y gestión del riesgo. Pero, ante todo, de la forma en que hoy nos relacionamos con la naturaleza.
Desde el camino de la ecoesperanza, esta reflexión propone una mirada ecosistémica de la gestión del riesgo. Implica reconocer que el agua es un elemento del territorio que requiere espacio, regulación natural y planificación coherente.
La deforestación en cuencas altas impacta aguas abajo
La lluvia, los ríos y la escorrentía superficial forman parte del ciclo hidrológico que regula la vida en el planeta. Las inundaciones no constituyen anomalías: ocurren cuando el agua recupera espacios que históricamente han sido suyos, como planicies de inundación, humedales y terrazas fluviales.
Diversos informes internacionales señalan que menos del 1 % del agua dulce del planeta es directamente accesible para uso humano (UNESCO, 2023). En países como Colombia, donde la oferta hídrica es alta pero desigualmente distribuida, el deterioro de las cuencas, la deforestación, la erosión y la ocupación inadecuada del suelo reducen la capacidad natural de regulación. Cuando desaparecen bosques ribereños, humedales y suelos permeables, también desaparece la capacidad del territorio para amortiguar crecientes.
La deforestación en cuencas altas modifica los patrones de infiltración y aumenta la erosión. La cobertura vegetal cumple un papel determinante en la regulación del ciclo hidrológico: reduce la velocidad de escorrentía, favorece la infiltración y estabiliza suelos. Cuando los bosques ribereños o de montaña desaparecen, se incrementa la sedimentación de los ríos y se reduce su capacidad hidráulica. El resultado no es solo mayor probabilidad de desbordamiento, sino también mayor vulnerabilidad aguas abajo.
La urbanización modifica profundamente la dinámica natural del agua. La impermeabilización del suelo mediante asfalto, concreto y cubiertas reduce la infiltración y acelera la escorrentía superficial, incrementando los picos de caudal durante lluvias intensas. Lo que en una cuenca natural se absorbe gradualmente, en una ciudad densamente urbanizada se convierte en acumulación rápida y presión sobre sistemas de drenaje insuficientes.
El informe La gestión del riesgo: prevención de inundaciones (EIRD, 2008) explica que un desastre es el resultado de la coincidencia de tres factores: personas expuestas, un evento potencialmente peligroso y ausencia de medidas preventivas. En el caso de las inundaciones urbanas, esta combinación se repite cuando se construye en rondas hídricas, se ocupan zonas bajas sin estudios técnicos y no existen sistemas adecuados de gestión del riesgo.
La gestión del agua por tramos urbanos desconoce que los ríos funcionan como sistemas interconectados. Desde una mirada ecosistémica, el riesgo de inundación no se construye únicamente en el momento de la lluvia intensa. Se construye en cada decisión de urbanización sin planificación, en cada ronda hídrica ocupada y en cada ecosistema degradado que pierde su función reguladora. Comprender la dinámica natural del agua es el primer paso para diseñar estrategias de prevención que integren gestión del riesgo, planificación territorial y soluciones basadas en la naturaleza.
La ecoesperanza es ecosistémica
La vulnerabilidad es pues el factor que convierte una amenaza en desastre. No todas las personas expuestas a una lluvia extrema enfrentan las mismas consecuencias: el impacto depende de las condiciones previas. Los desastres afectan de manera desproporcionada a comunidades con menores ingresos y menor acceso a servicios básicos. La pobreza, la informalidad en la tenencia de la tierra y la ausencia de infraestructura adecuada incrementan la exposición y reducen la capacidad de recuperación.
Una gestión adecuada implica conocer el territorio, aprender de la historia local, planificar con criterios ecosistémicos y fortalecer la organización comunitaria y las alianzas entre quienes habitan el territorio. Una comunidad informada y articulada es menos vulnerable que aquella que enfrenta los riesgos de manera aislada.
Desde la ruta de la ecoesperanza, prevenir desastres es una apuesta colectiva, con mirada ecosistémica y trabajo articulado. Cuidar los ríos, respetar las dinámicas del agua, restaurar ecosistemas, planificar ciudades más permeables y fortalecer la corresponsabilidad institucional son decisiones que, acumuladas en el tiempo, reducen inundaciones, protegen vidas y sostienen los medios de subsistencia. El desafío en principio es, sin duda, reconstruir el vínculo con la naturaleza.
Referencias
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2003). Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres. Santiago de Chile: CEPAL.
- Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD). (2008). La gestión del riesgo: prevención de inundaciones. Naciones Unidas.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021–2023). Sixth Assessment Report. IPCC.
- Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030. Naciones Unidas.
- UNESCO. (2023). United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and cooperation for water. París: UNESCO.
SEGUNDA ENTREGA
Urbanización acelerada y falta de planeación
La urbanización ha sido uno de los procesos más intensos de transformación territorial en América Latina durante las últimas décadas. El Global Water Partnership (2012–2017) señala que la región es una de las más urbanizadas del mundo, con más del 80 % de su población viviendo en ciudades. Sin embargo, ese crecimiento no siempre ha estado acompañado de planificación hídrica ni de integración de la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial.
Uno de los fenómenos más críticos ha sido la ocupación de humedales, planicies de inundación y rondas hídricas. Estos ecosistemas cumplen funciones de almacenamiento temporal, regulación de crecientes y recarga de acuíferos. Cuando son rellenados o fragmentados para expansión urbana, el agua pierde espacios naturales de amortiguación. El Banco Mundial (2016–2019), en sus investigaciones sobre soluciones basadas en la naturaleza, ha subrayado que la pérdida de humedales urbanos incrementa la exposición al riesgo y eleva los costos de infraestructura necesaria para controlar inundaciones.
La CEPAL ha documentado que buena parte de la expansión urbana informal en América Latina ocurre en suelos de alto riesgo, laderas inestables, márgenes de ríos o zonas bajas, debido a la presión inmobiliaria y a la falta de acceso a suelo seguro para población de bajos ingresos. En estos casos, la inundación como desastres es una una expresión de desigualdad estructural. Por esto, como advierte la UNDRR, la reducción del riesgo de desastres requiere coherencia y articulación entre políticas sectoriales.
Desde una perspectiva de gestión del riesgo, esto implica reconocer que la prevención comienza mucho antes de la temporada de lluvias. Comienza en la planificación del suelo, en la protección de ecosistemas reguladores y en la garantía de acceso a vivienda segura. La urbanización puede ser resiliente si integra la dinámica natural del agua.
Vulnerabilidad: cuando la desigualdad amplifica el riesgo
La vulnerabilidad es el factor que convierte una amenaza en desastre. No todas las personas expuestas a una lluvia extrema enfrentan las mismas consecuencias: el impacto depende de las condiciones previas.
El informe La gestión del riesgo: prevención de inundaciones (2008) enfatiza que los desastres afectan de manera desproporcionada a comunidades con menores ingresos y menor acceso a servicios básicos. La pobreza, la informalidad en la tenencia de la tierra y la ausencia de infraestructura adecuada incrementan la exposición y reducen la capacidad de recuperación.
La CEPAL ha documentado que en América Latina los desastres hidrometeorológicos generan impactos económicos que pueden equivaler a varios puntos del producto interno bruto en países de menor tamaño, afectando particularmente a hogares que carecen de seguros o mecanismos de protección financiera. La pérdida de vivienda, de medios de vida o de activos productivos suele traducirse en ciclos prolongados de endeudamiento y más empobrecimiento. Lo paradójico es que, a pesar de que los países en desarrollo contribuyen en menor proporción a las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, enfrentan mayores impactos asociados a eventos extremos debido a limitaciones en infraestructura resiliente, planificación urbana y sistemas de protección social, acorde con el Banco Mundial (2016–2019).
El IPCC ha advertido que el cambio climático intensifica riesgos existentes, especialmente en regiones tropicales y subtropicales donde se combinan alta variabilidad climática y desigualdad socioeconómica. Por tanto, la gestión del riesgo de inundaciones exige fortalecer capacidades locales, mejorar la calidad de la vivienda, garantizar acceso a suelo seguro y consolidar sistemas de información y alerta temprana. Reducir la vulnerabilidad es, en esencia, una política de desarrollo.
Soluciones basadas en la naturaleza y planificación territorial: principios para una prevención sostenible
Durante décadas, la respuesta predominante frente a las inundaciones fue la infraestructura gris: diques, muros de contención, presas y canalizaciones. Estas obras han permitido reducir riesgos en múltiples contextos y siguen siendo necesarias en determinados escenarios urbanos y rurales. Sin embargo, el Banco Mundial, en sus investigaciones sobre gestión del riesgo y soluciones basadas en la naturaleza (2016–2019), advierte que cuando estas intervenciones se implementan de manera aislada pueden trasladar el riesgo aguas abajo, generar altos costos de mantenimiento y perder efectividad frente a eventos extremos crecientes.
En este contexto han ganado relevancia las soluciones basadas en la naturaleza. El Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres las define como intervenciones que aprovechan los procesos ecológicos y los servicios de los ecosistemas para reducir el riesgo de desastres, al tiempo que generan beneficios ambientales y sociales adicionales. No se trata de reemplazar toda infraestructura construida, sino de integrarla en una estrategia que reconozca el papel regulador de los ecosistemas.
El informe global de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (2019) señala que muchas contribuciones de la naturaleza, como la regulación de inundaciones costeras y fluviales, no pueden ser completamente sustituidas por infraestructura artificial, o solo pueden serlo a costos significativamente mayores y sin beneficios colaterales para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la salud humana.
Desde la evidencia internacional documentada por el Banco Mundial y el GFDRR, la restauración de humedales, la protección de bosques ribereños, la recuperación de manglares y el diseño de espacios urbanos que permitan la inundación controlada han demostrado reducir la energía del agua durante eventos extremos y disminuir pérdidas económicas. Estas intervenciones funcionan porque restablecen procesos ecológicos que amortiguan crecientes, almacenan agua temporalmente y favorecen la infiltración.
Las soluciones basadas en la naturaleza implican al menos los siguientes principios de planificación:
- Enfoque de cuenca: comprender que el comportamiento del agua en la ciudad depende de lo que ocurre aguas arriba y aguas abajo.
- Multifuncionalidad del territorio: diseñar espacios que cumplan simultáneamente funciones ecológicas, sociales y recreativas.
- Prevención estructural: proteger ecosistemas estratégicos antes de que se degraden, en lugar de intentar compensar su pérdida con obras costosas.
- Equidad territorial: priorizar intervenciones en zonas donde la vulnerabilidad social es mayor.
- Gestión adaptativa: ajustar decisiones de planificación conforme cambian las condiciones climáticas y demográficas.
La experiencia regional muestra que cuando la planificación territorial incorpora estos principios, la gestión del riesgo deja de ser reactiva y se convierte en una estrategia de desarrollo. La evidencia comparada muestra que invertir en restauración ecológica y protección de ecosistemas puede resultar más costo-efectivo a largo plazo que reconstruir repetidamente tras cada temporada de lluvias.
Referencias
Estrategia InteBanco Mundial (investigaciones sobre gestión del riesgo y soluciones basadas en la naturaleza, 2016–2019) a la Reducción de Desastres (ONU) & UNICEF. La gestión del riesgo y la prevención de desastres.
Banco Mundial (en investigaciones sobre gestión del riesgo y soluciones basadas en la nGlobal Water Partnership – GWP (2012–2017)ondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR); PROFOR; Deltares. Implementación de soluciones basadas en la naturaleza para la protePlataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas – IPBES (2019) contra inundaciones.
Global Water Partnership (GWP, 2012–2017) (GWP). Gestión Asocapitales (análisis de desarrollo territorial y gestión del riesgo, 2020–2022)nes urbanas.
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Asocapitales. Retos del desarrterritorial y la gestión del riesgo en Colombia.
Universidad Autónoma del Caribe. Análisis de la vulnerabilidad y el riesgo a inundaciones en cuencas hidrográficas.
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