El fallo de la Corte reafirma la protección a los pueblos indígenas y abre caminos a una mejor implementación de los proyectos REDD+ en Colombia.
- Como desarrolladores de proyectos REDD+ en el país, seguiremos garantizado la voluntariedad y gobernanza de los pueblos indígenas.
- El fallo le permitirá a empresas, Estado y comunidades seguir avanzando y mejorando la aplicación de proyectos REED+ a quienes trabajan y contribuyen en la lucha contra el Cambio Climático.
- Masbosques celebra la sentencia T-248 DE 2024 de la Corte Constitucional de Colombia.
Durante varios meses la Corte Constitucional examinó una acción de tutela con la que se buscaba proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de los proyectos REDD+ donde algunos lideres indígenas argumentaban la vulneración de derechos fundamentales, específicamente el de gobierno propio, por parte de algunas empresas desarrolladoras y por parte del Estado por supuestamente, no adaptar salvaguardas sociales y ambientales.
Tras la revisión e investigación del material suministrado, la Sala Segunda de Revisión subrayó la importancia de seguir fortaleciendo las iniciativas para mitigar los gases de efecto invernadero como los proyectos REED+ donde Masbosques y Soluciones Proambiente participan como desarrolladores en los departamentos de Guaina, Guaviare y Vaupés y evaluar la creación e implementación de un marco normativo robusto que blinde la implementación de estos proyectos.
Es por eso que desde Masbosques celebramos la sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia. Sin lugar a dudas, desde que el caso fue escogido para estudio, hemos creído que es la oportunidad de sumar en un entendimiento étnico, social y jurisprudencial para el desarrollo e implementación de los esquemas financieros de REDD+ en el país. Esta sentencia nos brinda la oportunidad a todos los desarrolladores y a los pueblos étnicos, de reflexionar y mejorar desde las múltiples partes que participamos en el proceso, para continuar trabajando con las comunidades indígenas, sus gobiernos propios y autonomía, en un ejercicio amplio y profundamente técnico e intercultural.
"Estamos trabajando para establecer un diálogo abierto y transparente con las comunidades indígenas para asegurarnos de que sus procesos y necesidades sean respetados"
Como organización actuamos conforme al derecho, es por eso, que la Corte Constitucional reconoció por su parte que no existe un marco normativo claro que blinde a los desarrolladores y los pueblos indígenas. Reconocemos los múltiples desafíos, oportunidades y retos. Esto a nosotros como a otras organizaciones nos ha llevado a mejorar procesos constantemente sin embargo, confiamos en el proceso que lideraron las autoridades y lideres del territorio del Pirá Paraná y del municipio de Taraira, en el momento de la socialización y decisión sobre el proyecto, conllevando esto a debilidades especialmente en los procesos de socialización, participación y apropiación del PDD.
Sin embargo, es importante reiterar que hoy Masbosques y especialmente todo un sector y un mercado voluntario de carbono, estamos comprometidos con hacer el debido proceso y sobre todo un proceso justo, equitativo y responsable en, para y con todos los actores y socios que nos articulamos en las iniciáticas de Reducción de emisiones de GEI debidas a la deforestación y degradación de los Bosques.
Así lo expresó Jaime Andrés García director ejecutivo de nuestra organización: “Estamos trabajando arduamente para establecer un diálogo abierto y transparente con las comunidades indígenas, para asegurarnos de que sus derechos y necesidades sean respetados y considerados en todos nuestros proyectos y procesos corporativos.Esto no solo es un requisito legal, sino la oportunidad para aprender de sus conocimientos, experiencias y para asegurarnos de que sus derechos y necesidades sean respetados y considerados en todos nuestros proyectos y procesos corporativos. Es por eso que, junto a nuestro Aliado Soluciones Proambiente, nuestro equipo de coordinadores y técnicos, hemos avanzado en la incorporación e implementación de unos lineamientos sociales y étnicos para propender por la puesta en marcha de un enfoque de acción sin daño y de respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, con los que desarrollamos los esquemas REDD+. Es asi como hemos estado trabajando en la estructuración de nuevas metodologías y mejores herramientas para los procesos de socialización, información y diálogo previo a la implementación de los proyectos REDD+ así como de trazabilidad y Debida Diligencia y acompañamiento constante en el proceso.”
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Cabe resaltar que en términos de resultados estos proyectos han mejorado las condiciones de vida de algunos pueblos indígenas en el Vaupés y en otros departamentos del país así lo han manifestado varios líderes y lideresas que apoyan los procesos y reconocen el impacto en sus territorios “El programa está bien para mí como Payé. Si no hubiera recurso, no tendría maloca. Estoy agradecido con Masbosques porque, aunque no son de mi familia, me brindaron ayuda (…) En la tierra del Pirá-Paraná, los abuelos nuestros, payeses y dioses hicieron un pacto para que vivamos cuidando la selva; esto me contaron mis abuelos. Por eso se hizo la maloca para prevenir y cuidar la flora, la fauna, el río y los sitios sagrados; esta es la vida de nosotros”, explica el Payé de la comunidad indígena Piedra Ñi.
"Gracias a ustedes tenemos esta Maloca"
De otro lado en palabras de Luz Mila Núñez lidereza de la comunidad de Piedra Ñi: le agradezco mucho a la Corporación Masbosques. Gracias a ellos, tenemos esta maloca donde la gente se reúne y comparte. Hoy, contamos con láminas gracias al programa de Masbosques. Mis parientes ya las tienen en sus manos, solo nos hace falta construir las casitas. En representación de todas las mujeres de Piedra Ñi, les agradezco.”
Nuestro compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de los territorios es más fuerte que nunca. Creemos que la protección ecosistemas estratégicos y el respeto por los DD.HH, y étnicos van de la mano. Estamos trabajando para asegurarnos de que nuestros proyectos no solo beneficien a las comunidades indígenas, sino que también contribuyan a la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, a laves que se mejoren las condiciones de vida y bienestar en las poblaciones rurales mostrando siempre una clara disposición al diálogo, al cambio, la transparencia y al trabajo en conjunto.
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¿Qué estudió la Corte?
La Corte Constitucional examinó una acción de tutela que buscaba proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).
Representantes de comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés y conformados por las etnias Macuna, Barasano, Eduria, Tayuyo, Tuyaca, Itano y Carapana, alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales a la autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio y al territorio.
Argumentaron que el proyecto REDD+ desarrollado en su territorio por empresas privadas, algunas internacionales, desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio.
Señalaron que estas empresas se apoyaron para su ejecución en un contrato de mandato con un representante legal sin potestad suficiente y acusaron al Estado colombiano de no adoptar salvaguardas sociales y ambientales acordadas ante la CMNUCC que garantizan sus derechos.
¿Qué consideró la Corte?
Para resolver estos problemas, La Sala explicó:
- El marco normativo vigente de los proyectos REDD+ en Colombia,
- el estándar de protección de los derechos de los pueblos indígenas en proyectos REDD+ tanto a nivel nacional como internacional,
- Las obligaciones del Estado colombiano para equilibrar la protección interdependiente entre los derechos de los pueblos indígenas y la mitigación al cambio climático
- Los deberes de debida diligencia de las empresas en el diseño, implementación y seguimiento de proyectos REDD+.
¿Qué decidió la Corte?
1. La Sala Segunda de Revisión subrayó la importancia de fortalecer las iniciativas para mitigar los gases de efecto invernadero (GEI), como los proyectos REDD+, en la lucha global contra el cambio climático. Estos proyectos no solo son una opción viable para la gestión forestal sostenible, sino también para la gobernanza de las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía colombiana, que constituye el 48% de esa región. Las comunidades indígenas de la ribera del río Pira Paraná, cuyos territorios son extensos y de alta conservación forestal, son un ejemplo claro de esta situación.
2. la Sala destacó que existen desafíos y circunstancias particulares que resultan en un déficit de protección de los derechos colectivos de estas comunidades y prácticas inconstitucionales que invisibilizan sus necesidades y circunstancias únicas.
3. La Sala encontró que las empresas: (i) no adecuaron sus instrumentos jurídicos a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, (ii) no lograron un verdadero consentimiento libre, previo e informado de esta población indígena, y (iii) no realizaron un seguimiento eficaz ni adoptaron medidas adecuadas que hicieran frente a las afectaciones demostradas.
4. La Sala también encontró que el Estado no ha adoptado un enfoque o perspectiva étnica debido a: (i) la insuficiencia de la Resolución 1447 de 2018 para abordar la titularidad y operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos, (ii) la falta de un cuerpo normativo del Sistema Nacional de Salvaguardas para estas iniciativas, y (iii) deficiencias en el control, vigilancia y supervisión estatal de la operación de las empresas en el mercado de carbono forestal.
¿Qué ordenó la Corte?
La Sala Segunda de Revisión decidió revocar los fallos de instancia y, en su lugar, amparar los derechos de autodeterminación, autonomía, gobierno propio, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas pertenecientes al Consejo Indígena del Pira Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pira Paraná.
La Sala adoptó medidas para fomentar el diálogo interno, respetando la autonomía y autodeterminación de estas comunidades, y emitió órdenes generales para responder a las fallas en la política pública.
Para el caso concreto, se dispuso medidas de diálogo para que la población indígena decida si implementar o no el proyecto REDD + en su territorio y en caso afirmativo, cómo implementarlo y medidas de intervención estatal mínimas para garantizar sus derechos fundamentales tutelados.
En relación con la problemática general, la Sala ordenó la adopción de un protocolo con enfoque étnico y estrategias de seguimiento y acompañamiento para la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos.
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